Por Karen Lidia Santana Hernández
Exdefensora Pública - Actual fiscal del Ministerio Público
Un accidente de tránsito puede ocurrir en cuestión de segundos. Su escena puede desaparecer en minutos. Sin embargo, las consecuencias legales, humanas y económicas que genera pueden prolongarse durante meses o incluso años. Esa realidad me lleva a plantear una reflexión que considero necesaria:
¿Por qué hemos desarrollado una rigurosa cultura del levantamiento de la escena del crimen, pero no hemos impulsado con la misma intensidad una verdadera cultura del levantamiento de la escena del accidente de tránsito?
Durante más de quince años de ejercicio profesional, primero como defensora pública y actualmente como fiscal del Ministerio Público, he comprobado la enorme importancia que tiene una escena debidamente documentada para la correcta administración de justicia.
En el ámbito penal comprendemos perfectamente este principio. Sabemos que una escena debe preservarse, fotografiarse, medirse y describirse. Se documenta la posición de los objetos, se identifican testigos, se recogen evidencias y se procura evitar cualquier alteración que pueda comprometer la investigación.
La razón es sencilla: la escena desaparece.
Y cuando desaparece sin haber sido adecuadamente documentada, también puede desaparecer una parte esencial de la verdad.
La escena del accidente también desaparece
Mi experiencia más reciente en procesos relacionados con accidentes de tránsito me ha llevado a trasladar ese mismo razonamiento a la investigación de las colisiones vehiculares.
Pensemos en cualquier accidente. Minutos después del impacto llegan las unidades de emergencia. Los lesionados son trasladados a centros de salud. Los vehículos son removidos. Los curiosos se dispersan. El tránsito vuelve a fluir. Puede comenzar a llover. Las huellas de frenado desaparecen. Los restos de vidrio y piezas son retirados. Los testigos continúan su camino. En muy poco tiempo, la escena deja de existir.
Sin embargo, meses después, cuando el caso llega a los tribunales, comienzan las preguntas fundamentales:
- ¿Quién tenía la preferencia de paso?
- ¿A qué velocidad circulaban los vehículos?
- ¿Cuál fue el punto exacto de impacto?
- ¿Funcionaba correctamente el semáforo?
- ¿Existían huellas de frenado?
- ¿Dónde quedaron finalmente los vehículos?
- ¿Había cámaras de vigilancia en el lugar?
- ¿Quiénes observaron directamente lo sucedido?
Con demasiada frecuencia, las respuestas dependen únicamente de versiones encontradas entre las partes involucradas. Y cuando la evidencia objetiva ya no existe, la posibilidad de reconstruir con precisión lo ocurrido se vuelve mucho más difícil.
La Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya contempla mecanismos de investigación de accidentes y reconoce facultades importantes a la DIGESETT para levantar actas, realizar croquis, efectuar mediciones, recopilar evidencias, elaborar informes técnicos e incluso desarrollar reconstrucciones cuando resulte necesario.
En otras palabras, la arquitectura jurídica básica ya existe. El desafío consiste en fortalecerla, estandarizarla y convertirla en una herramienta práctica, uniforme y eficaz para todos los actores del sistema de justicia.
Hacia un Protocolo Nacional de Levantamiento de Accidentes de Tránsito
Considero que el país podría avanzar hacia la implementación de un Protocolo Nacional para el Levantamiento de la Escena del Accidente de Tránsito.
Se trataría de un procedimiento uniforme que permita que cada accidente de relevancia genere, desde sus primeros momentos, un expediente técnico completo y confiable.
Ese levantamiento podría incluir:
- Fotografías generales y detalladas de la escena.
- Ubicación geográfica exacta.
- Hora del accidente.
- Condiciones climáticas y de iluminación.
- Estado del pavimento.
- Señalización existente.
- Posición de los vehículos.
- Daños observables.
- Restos encontrados en la vía.
- Huellas de frenado.
- Posible punto de impacto.
- Identificación de conductores, pasajeros y testigos.
- Existencia de cámaras públicas, privadas o vehiculares.
Toda esa información podría quedar vinculada a un número único de accidente, permitiendo su trazabilidad y preservación institucional.
Las mejores prácticas internacionales demuestran que una investigación moderna de accidentes puede incorporar fotografías, croquis digitales, mediciones GPS, videos, imágenes de 360 grados, entrevistas a testigos e incluso, cuando la tecnología lo permite, información electrónica almacenada en determinados vehículos. Pero no es necesario comenzar por lo más sofisticado.
A veces, el mayor avance consiste en hacer extraordinariamente bien lo esencial.
Los ciudadanos también pueden contribuir
Naturalmente, la primera prioridad ante cualquier accidente debe ser siempre preservar la vida humana, solicitar asistencia médica y evitar nuevos riesgos para las personas involucradas.
No obstante, cuando las circunstancias lo permitan y sin comprometer la seguridad, los propios ciudadanos pueden ayudar a conservar información valiosa. Tomar fotografías de la posición de los vehículos antes de que sean removidos, registrar imágenes generales del entorno, identificar posibles cámaras cercanas y conservar los archivos originales de fotos y videos puede resultar decisivo en una investigación posterior.
Asimismo, los testigos desempeñan un papel fundamental. Con frecuencia, la persona que observó con mayor claridad lo ocurrido abandona el lugar sin proporcionar sus datos de contacto, y posteriormente resulta imposible localizarla.
También es importante actuar con rapidez respecto a las grabaciones de cámaras de seguridad de comercios, residencias o establecimientos cercanos. Muchos sistemas eliminan automáticamente las imágenes después de un período determinado.
Una grabación perdida puede convertirse en una prueba perdida.
Del lugar del accidente al expediente judicial
Imagino un modelo sencillo, práctico y eficiente.
Ocurre el accidente.
Intervienen la DIGESETT, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y los organismos correspondientes.
Se genera inmediatamente un número único de evento.
El técnico responsable documenta la escena, incorpora fotografías, croquis, mediciones, ubicación, testimonios preliminares y demás elementos relevantes. Posteriormente se elabora un Informe de Levantamiento de la Escena del Accidente, que puede ser remitido electrónicamente al Ministerio Público y preservado en los sistemas institucionales correspondientes. De esta manera, cuando una víctima reclame sus derechos, cuando una persona necesite ejercer su defensa o cuando un juez deba determinar responsabilidades, el proceso no comenzará únicamente con una pregunta subjetiva:
“¿Qué dice usted que ocurrió?”
Podrá comenzar con una pregunta mucho más sólida:
“¿Qué encontramos objetivamente en la escena?”
La verdad también necesita ser preservada
En los tribunales no basta con que un hecho haya ocurrido. Es necesario poder demostrarlo.
Una víctima puede perder una reclamación legítima porque la evidencia desapareció. Del mismo modo, una persona injustamente señalada puede verse privada de los elementos que habrían demostrado su inocencia o reducido su nivel de responsabilidad.
Por eso, la adecuada documentación de un accidente beneficia a todos.
Protege a la víctima.
Protege a quien es investigado.
Protege a los conductores.
Protege a las aseguradoras.
Y, sobre todo, protege la calidad de las decisiones judiciales. Después de tantos años de litigación, he aprendido que entre la verdad material, es decir, lo que realmente ocurrió, y la verdad jurídica, aquello que finalmente puede demostrarse en un tribunal, suele existir una distancia considerable.
La función de toda investigación seria es reducir esa distancia.
La ambulancia deberá trasladar al herido.
La grúa deberá retirar el vehículo.
El tránsito deberá continuar.
Pero la verdad de lo ocurrido no debería desaparecer junto con la escena del accidente.
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