El Principio de Prejudicialidad Penal: Una Garantía de Coherencia Judicial

 

El principio de prejudicialidad penal establece que, cuando un proceso civil, administrativo o laboral depende de una precedencia penal —es decir, cuando ambas causas están estrechamente relacionadas—, el procedimiento no penal debe suspenderse hasta que se resuelva el ámbito penal. Esto evita resoluciones judiciales contradictorias y asegura la autoridad del tribunal penal sobre asuntos conexos

 La prejudicialidad es una cuestión de orden público procesal, ya que protege la integridad del sistema judicial dominicano. Cuando un tribunal identifica que el fondo del asunto civil depende directamente del resultado de un proceso penal, debe suspender el caso principal hasta tener la resolución definitiva. Es decir, el tribunal espera la conclusión del proceso prejudicial antes de dictar sentencia en el asunto principal.

Para que opere la prejudicialidad, deben concurrir tres condiciones fundamentales:

Existencia de un proceso penal iniciado por hechos vinculados al caso civil.

Influencia directa de la resolución penal en el resultado del proceso no penal.

Necesidad de la resolución penal para poder emitir una decisión en el litigio civil.

Un caso clásico puede verse cuando un documento cuya falsedad se investiga penalmente se presenta como prueba clave en un caso civil: la resolución penal determinará si dicho documento es auténtico y, en consecuencia, condicionará la valoración del juez civil

 Aunque proviene de principios procesales más amplios, la prejudicialidad está contemplada en instrumentos normativos como los Códigos de Enjuiciamiento Civil de diversos países (por ejemplo, el artículo 40 de la LEC en España) y en las normas constitucionales del Poder Judicial

 En el Código Procesal Penal dominicano, no existe un artículo con esa denominación, pero el principio está ampliamente reconocido por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que interpreta como orden público la obligación de suspender procesos conexos, cuando la resolución penal es imprescindible para resolver correctamente el caso no penal

Tribunales dominicanos han señalado que la prejudicialidad debe declararse cuando los hechos investigados penalmente constituyan el fundamento del litigio civil. Esto implica que, aunque el proceso civil pueda tramitarse preliminarmente, su sentencia debe esperar hasta la conclusión del proceso penal siempre que la resolución penal influya en el fondo del caso.

 La aplicación de la prejudicialidad penal persigue dos objetivos esenciales:

Evitar sentencias civiles que contradigan decisiones firmes en materia penal.

Preservar la unidad de la fuerza vinculante de las resoluciones judiciales, evitando el fenómeno de “litispendencia impropia” —la simultaneidad innecesaria de procesos —.

Al suspenderse la causa principal, se garantiza que cualquier resolución civil refleje adecuadamente los hallazgos y fundamentos legales del proceso penal.

El principio de prejudicialidad penal es una piedra angular del derecho procesal dominicano. Al interpretar y aplicar esta facultad derivada de la lógica jurídica, los tribunales protegen la coherencia del sistema, refuerzan la seguridad jurídica y evitan decisiones contradictorias entre jurisdicciones. Cuando un proceso —civil, laboral o administrativo— tiene una conexión directa y decisiva con un procedimiento penal, la solución no es acelerar el juicio civil, sino respetar la prelación procesal para garantizar el debido proceso.