Fingir
incapacidad con la idea de evadir las consecuencias de las conductas al margen
de la ley, se ha convertido en una “estrategia” recurrente de la defensa en delitos graves.
El caso de Kevin Musser, presentado en marzo de
2025 en Carolina del Norte, reabrió el debate sobre la imputabilidad de
personas con discapacidad visual tras un triple homicidio en Clarkton, donde
Musser llamó al 911 diciendo que era ciego y describió la escena con heridos mortales.
Análisis legal
Musser enfrenta cargos por tres asesinatos en
primer grado, robo con arma mortal y posesión de metanfetamina. El punto
central del caso gira en torno a su condición de discapacidad visual: ¿limita
esto su responsabilidad penal? La ley establece que la ceguera no excluye la
imputabilidad; los factores clave son el conocimiento y la voluntad.
Musser habría operado con arma en mano, tocado a las víctimas y huyó tras el
hecho —esto desafiaría una alegación de falta de conciencia o control
voluntario, requisitos fundamentales para la eximente por discapacidad.
En la entrevista, Musser se refirió a las víctimas como
heridas de muerte y afirmó llamarse “Randy” durante la llamada de 22 minutos al
911. No hay indicios de trastorno mental ni psicosis, más bien una conducta
coherente. Su relato no sugiere delirio ni incongruencias típicas de
alteraciones cognitivas graves. La posible presencia de metanfetamina,
confirmada por la acusación, podría indicar intoxicación, pero no discapacidad
intelectual ni alteración sensorial permanente. Si la defensa intentara una
estrategia de inimputabilidad, tendría que demostrar que, efectivamente, la
ceguera impedía a Musser comprender la licitud de sus actos o actuar conforme
al derecho—elementos que parecen contradecir su modus operandi y propósito
delictivo.
Evaluación forense
Los hallazgos forenses indican que las tres
víctimas murieron por múltiples apuñalamientos; Musser fue hallado en la escena
con ropa ensangrentada y un arma en mano. Esto sugiere acción directa,
planificación y conocimiento de la violencia ejercida. La presencia de
metanfetamina añade un matiz de desinhibición o impulso. El análisis forense de
la escena guarda coherencia con una conducta con control, especialmente si se
encuentra diferencia entre planeación, ejecución y huida.
La ceguera no invalida la imputabilidad: el sistema
de justicia penal se basa en la capacidad de conciencia y voluntad. Con base en
precedentes y doctrina, solo una alteración psíquica severa, no una
condición sensorial, exime de responsabilidad. En este caso, los indicios
apuntan a comportamiento consciente, intencional, con voluntad criminal y
evidente percepción de la situación. La supuesta ceguera parece más bien un
rasgo accesorio o una instrucción durante la llamada, en lugar de una causa de
inimputabilidad.
Este caso evidencia que la justicia puede enfrentar
desafíos al analizar a personas con discapacidad involucradas en delitos
graves. Sin embargo, las herramientas legales, psiquiátricas y forenses están
alineadas en subrayar que la ceguera no es incompatible con la responsabilidad
penal. En base al conocimiento actual, su imputación es jurídicamente sólida.
La defensa tendría una carga probatoria exigente para demostrar incapacidad
mental real. Mientras tanto, la acusación posee factores objetivos que presumen
plena capacidad de acción y voluntad —lo que fortalecería una eventual condena
con respaldo legal y científico.
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